Tener buenas intenciones es una cualidad humana que debe ser reconocida, y por eso pensamos que la Ministra Constain lo está haciendo bien en sus presentaciones sobre la política de gobierno para el sector de TIC y telecomunicaciones. Sin embargo, el proyecto de Ley 152 de 2018, por el cual se moderniza el sector TIC, no refleja lo que ella expresa.

Comencemos por decir que este proyecto debería corregir la imprecisión técnica de la Ley 1341 de 2009 y denominarse sector de TIC y telecomunicaciones, así como el ministerio debería retomar su nombre: Ministerio de Comunicaciones.

En el objeto deberían incluirse temas centrales de la política pública como son: un plan nacional de banda ancha fija, el incremento decidido de la velocidad de banda ancha fija, la terminación de la última milla con redes fijas y el desarrollo de contenidos y servicios audiovisuales para impulsar la economía naranja.

En cuanto a medios de comunicación, debemos decir que este proyecto de ley gubernamentaliza y devuelve al país 27 años, época en la cual había un control presidencialista de la televisión y sus contenidos. La Constitución del 91 cambió esta situación que ahora retornaría a control del gobierno de turno mediante la definición de la política pública, la asignación del espectro, la adjudicación de las concesiones y el control al desarrollo de contenidos para televisión, por parte del MinTIC. 

Se reconoce como importante la creación de un fondo único para el sector, pero no debe estar adscrito al MinTIC. Es esencial el regulador convergente, pero que siga las recomendaciones de la Ocde, es decir, que sea independiente y que incorpore las TIC y las telecomunicaciones, y también los recursos del fondo único, distribuidos en salas independientes con expertos de dichos sectores, que tengan visión holística del sector y el país, para la eficiencia y eficacia de sus decisiones regulatorias y de asignación de recursos.

Los comisionados del regulador convergente no pueden ser designados únicamente por el Presidente de la República. Para ello debe participar también la sociedad civil. Sus periodos deben ser entre 5 y 10 años.

El MinTIC no puede ser juez y parte. Se debe crear la superintendencia de comunicaciones para la inspección, vigilancia y control del sector integralmente. 
El espectro radioeléctrico es un recurso escaso que hace parte de la soberanía nacional y no puede adjudicarse a 30 años renovables, lo razonable son 20 años, con condiciones de renovación reglamentadas de manera expresa por el MinTIC.

Para todos hay un poco. El proyecto de ley busca reducir la contraprestación periódica que pagan los operadores de red, mediante la creación de una contraprestación periódica única que favorece a la televisión por suscripción, pues tendrían una nueva rebaja.

Los canales privados de televisión abierta también tendrían un beneficio no solo por la prórroga por 30 años del uso del espectro, sino que al pasarse al régimen de habilitación general previsto en el proyecto, aunque tendrían como límite máximo el 2,2 por ciento de sus ingresos brutos pagarían menos que lo que hoy está establecido como valor a pagar por canal para el próximo año que es de 128 mil millones por 10 años; y si a esto sumamos las ‘obligaciones de hacer’ por el uso del espectro –artículo 10–, el resultado final será que el fondo único del sector verá reducidos sus ingresos, poniendo en riesgo el futuro de la televisión publica y el desarrollo de contenidos audiovisuales.

Para la determinación del valor de la contraprestación única debería seguirse el principio de mantener al menos los actuales ingresos para que el fondo único tenga los recursos suficientes para el desarrollo y sostenimiento de la televisión publica, el impulso de contenidos, la implementación de la última milla para todos los hogares, la banda ancha fija y el incremento sostenido de la velocidad de acceso para insertar al país en la ociedad de la información. No se trata de proveer internet, se trata de proveer banda ancha fija como política de Estado, se trata de conectar bien a los ciudadanos.

Como lo previó el anterior gobierno en su proyecto, las tecnologías de la información deben ser reguladas ya que es la manera en que el Estado puede controlar la neutralidad de red y la adecuada prestación del servicio de banda ancha por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.

Estamos de acuerdo con Nicola Stornelli García y sus planteamientos sobre esta materia. El proyecto de Ley 152 no es pertinente, pues no sigue las recomendaciones internacionales sobre reorganización institucional del sector, va en contra del principio de independencia de los medios de comunicación, no tiene una inspección, control y vigilancia separada y no sabemos de dónde salió. ¡Mejor concertar uno nuevo!

Por: Julián Cardona Castro, Egresado de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Universidad del Cauca
Expresidente de Aciem