Comunicados

Octubre 13 / 2011

Comunicado de ASPU sobre proyecto de reforma a la ley 30

MÁS ALLA DE LAS CONSIGNAS, SON NECESARIOS LOS ARGUMENTOS

Popayán, octubre 7 de 2011
 

Como se sabe esta semana el Gobierno Nacional en cabeza de la ministra de Educación María Fernanda Campo, radicó en el Senado de la República el proyecto de reforma a la ley 30 de 1992, sin atender el reclamo de varios movimientos de no presentarla hasta tener una propuesta más consensuada e incluyente. Este hecho ha vuelto a exacerbar los ánimos de los movimientos que han estado en contra de la reforma, sobre todo los movimientos estudiantiles, quienes ya habían previsto que si el proyecto era radicado, entrarían en paro. Hoy vemos como varias universidades estatales han entrado en protesta permanente y otras formas de pronunciarse bajo la consigna de “no a la privatización de la universidad pública colombiana”.
 

Hace más de seis meses, desde que el gobierno presentó la propuesta, se generó un movimiento nacional, no solo de actores académicos sino políticos que en forma categórica rechazaron la propuesta considerando que la parte más lesiva de la misma era la del ingreso del capital privado a las universidades públicas. La figura de las universidades con ánimo de lucro llevaría a las universidades públicas necesariamente a ofertar la educación como cualquier otro producto que se transa en un mercado libre de capital. Con la vigencia de ley 100, no se puede olvidar la crisis que generó y que hoy sufre el sistema de salud colombiano por haber introducido ese derecho fundamental en el perverso juego del mercado.
 

La historia continúa. Hace más de un mes, luego de regresar de Chile el presidente Santos ante la protesta y la movilización general decidió retirar el artículo 111 del proyecto de reforma que tenía que ver con las universidades con ánimo de lucro, pero de manera inconsulta su gobierno radica de forma definitiva el proyecto en el Senado. Pero no podemos seguir su postura y considerar que el fantasma de la privatización de la universidad pública colombiana desapareció y que, por lo tanto, la protesta en varias universidades que han entrado en paro y en otras formas de movilización y que motivan las marcha del 12 de octubre es injustificada.
 

Este mensaje es el que ha venido replicando de manera constante el presidente, su Ministra y todos los defensores o cómplices de la reforma a través de los medios de comunicación que solo constatan lo que dicen ellos, sin crítica alguna. Así, muchos colombianos estarán pensando que las protestas y los paros en contra el gobierno a causa de esta reforma a la ley 30, son sólo la protesta por protestar de los estudiantes y la comunidad académica.
 

Explicar que nuestra protesta es legítima es el gran reto de los movimientos que se oponen al proyecto, sobre todo los estudiantiles que han decidido parar las actividades académicas y reflexionar y debatir sobre las consecuencias de ese afán privatizador del gobierno. Para esta semana de octubre apremia la necesidad de construir un discurso que argumente de forma clara el por qué la reforma a la ley 30 se queda corta en la solución de la problemática de la educación superior de Colombia, principalmente en el financiamiento y en la autonomía; y por qué se sigue conduciendo a las universidades estatales hacia esquemas de privatización.

En este sentido debemos tener claro que a pesar de haber retirado los artículos que permitían el ingreso del capital privado con ánimo de lucro a las universidades estatales, el riesgo de las universidades continúa.
 

Recursos insuficientes: No se puede negar que con esta propuesta a las universidades les va a llegar más recursos. Según las proyecciones del gobierno para el 2022 se le habrán reconocido recursos a las universidades por 35 billones de pesos. Pero hay que mirar la otra cara de la moneda. El gobierno quiere además ampliar la cobertura, mínimo en un 50%. Actualmente la oferta de educación superior del país solo atiende alrededor de 900.000 de los casi 3.400.000 colombianos aptos para acceder a este derecho, y todas están funcionando con lo justo, y muchas están a punto de colapsar.

Con el mismo presupuesto, todas han realizado grandes esfuerzos por ampliar la cobertura, capacitar a los profesores, acreditarse, hacer investigación, proyección social, es decir asegurar su calidad, pero la calidad cuesta. No se puede aumentar la cobertura sin calidad y por eso hoy vemos las consecuencias en el duro quehacer universitario cotidiano. Sabemos claramente lo que significa ampliar la cobertura sin presupuesto adecuado: percibimos la estrechez para laborar con comodidad, la baja calidad de la educación, las condiciones de trabajo académico y el ambiente laboral que se enrarecen, los administradores ven en la contratación indigna de profesores ocasionales y de cátedra un hueco donde ahorrar pesos. La investigación sigue quedando relegada a un elemento anexo y prescindible.
 

El gobierno no puede pretender que la ampliación de la cobertura se haga a costillas del sacrificio de los profesores, trabajadores y padres de familia y de la mala calidad educativa que padecen los estudiantes. Muchos resuelven el problema haciendo que la academia sea sometida a la eficiencia financiera. Es decir, que los temas académicos ahora se tratan con los Vicerrectores Administrativos de las universidades. Se tiende entonces a un modelo de organización del sistema educativo que ha venido delegando la educación a la lógica empresarial, debido a una convicción incuestionable en las bondades de la competencia.
 

Se olvida que la educación es un bien complejo, que entre más se invierte en tecnología y conocimiento más costosa es y, por lo tanto, más difícil acceder a ella. Si se deja a la libre competencia y el lucro el Estado se convierte en un banco que les presta a las familias para que entren a ese mercado; no se está haciendo más que reproducir la relación entre nivel y calidad de educación desigual, según la capacidad de pago de las familias. Colombia necesita una educación superior que promueva la movilidad social en lugar de reproducir la vieja sociedad estratificada y premoderna, que añoran los sectores de la derecha.
 

Autonomía a medias: el proyecto contempla una serie de medidas de control que somete a la universidad a la consulta y aprobación de permiso permanente, injerencias en los consejos superiores que politizan a las universidades. También las somete a la financiación bajo indicadores inalcanzables con el bajo presupuesto y la presión del aumento de la cobertura.
 

La invitación es a debatir el proyecto presentado, y a construir una propuesta que nos permita fundamentar la consigna que rechaza la privatización de la universidad pública. De hecho ASPU está ya en ese trabajo. Pensar en el largo plazo para la Universidad es un deber de la comunidad universitaria. Sin embargo, no solo es el debate sino el reto también es a urdir la protesta y que se escuche nuestra voz de inconformidad y malestar en formas novedosas y dejar la usual y mortal indiferencia.